25Febrero2021

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Cómo defenderse ante el retraso del abono de nóminas

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En los tiempos que corren, muchos son los trabajadores que sufren retrasos al percibir las nóminas que por contrato les corresponden. El retraso en el pago de las nóminas es uno de los motivos por los que el trabajador puede extinguir voluntariamente su contrato, siempre que demuestre que no recibe el salario acordado o que este está siendo ingresado con retraso reiterado.

En caso de optar por la extinción, se podrá pedir la misma indemnización que por despido improcedente, es decir, una cantidad equivalente a 33 días por año trabajado hasta un máximo de 24 mensualidades. Es importante señalar que debido a que el Estatuto de los Trabajadores ha sido reformado, para quienes estuvieran trabajando con anterioridad al 12 de febrero de 2012, la indemnización se calculará tomando en cuenta la norma anterior, es decir, indemnización de 45 días por año trabajado hasta el 12 de febrero de 2012 y a partir de esa fecha 33 días por año trabajado.

Pero, si por el contrario, el trabajador no quiere que se acabe la relación laboral, sino que lo que pretende es cobrar esas cantidades adeudadas y continuar manteniendo el puesto de trabajo, existen ciertos mecanismos para reclamar el pago de las nóminas no abonadas a tiempo.

El mecanismo habitual es el procedimiento de reclamación de cantidad, que se inicia ante el SMAC (Organismo de Mediación, Arbitraje y Conciliación), requisito esencial para poder ejercitar posteriormente la vía judicial. Ante el SMAC se celebrará un acto de conciliación, en el que las partes intentarán llegar a un acuerdo sobre el pago de la cantidad adeudada.

Para acudir a esta reunión no es necesario abogado, pudiendo firmar el escrito de reclamación el propio trabajador, si bien es muy aconsejable recibir asesoramiento jurídico para preparar bien el escrito, dejar claro las cantidades reclamadas así como los intereses que se devenguen, y equilibrar la posición dominante de la empresa.

Si se logra un acuerdo, será este mismo el que obligue a la empresa a realizar el pago, teniendo plena validez y fuerza ejecutiva. Si por el contrario, no se alcanzara un pacto, habría que presentar la demanda judicial.

Para el caso de que se llegase un convenio en el acto de conciliación y posteriormente la empresa lo incumpliera, se deberá acudir al Juzgado de lo Social con el acta firmada y solicitar la ejecución del mismo. El Juzgado requerirá de pago a la empresa o empleador, que deberá efectuarlo en los próximos siete días siguientes.

Es interesante resaltar que si el acuerdo alcanzado consistiera en el pago aplazado, el impago del primer plazo no invalida todo el acuerdo, es más, implica que el deudor deberá abonar, además de lo acordado para dicho plazo, la cantidad correspondiente a los intereses de espera, es decir, el 10% de la cantidad adeudada.

Si la ejecución se pide al vencimiento del primer plazo, sólo será ejecutable la cantidad correspondiente a ese primer plazo, no siendo posible reclamar la totalidad ya que los demás plazos no han vencido.

Por otro lado, cabe destacar que si el impago de las nóminas al que hemos estado haciendo referencia, ha producido en el trabajador algún perjuicio económico, por ejemplo comisiones de las entidades bancarias por estar en números rojos, o pedir un crédito para poder subsistir mientras la empresa no pagaba, una vez que la sentencia del procedimiento de reclamación de cantidad es firme, es decir, no se ha presentado recurso contra ella, y en caso de haberse presentado, se ha resuelto, se puede interponer una demanda contra la empresa por daños y perjuicios, en la cual se reclamarían todos los gastos ocasionados por el impago.

Explicado el procedimiento, y teniendo en cuenta la situación económica actual, no podemos pasar por alto la existencia del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), organismo que se encarga del abono de los salarios pendientes en caso de insolvencia o concurso del empresario, así como de las indemnizaciones que pudieran reclamarse, aunque con ciertos límites cuantitativos contemplados en la legislación correspondiente.

Tanto para lograr un buen acuerdo en el que la empresa se comprometa a pagar la máxima cantidad posible al trabajador; como para conseguir una sentencia favorable en la que el Juzgado obligue a pagar al empleador, o para la correcta reclamación de daños y perjuicios, aconsejamos que acuda a un abogado con objeto de dirigir la situación particular hacia el mayor éxito posible.

Verónica Esteban Cibaja, es Abogada y Asesora Tributaria en EVOLUTIZA Abogados & Asesores Tributarios, Licenciada en Derecho, está especializada en derecho tributario y asesoría fiscal, con fuerte especialización en la industria manufacturera y los sistemas de tributación internacionales, expatriación y repatriación de capitales y operaciones con territorios de baja tributación. Es la coordinadora de la actividad de Administración de Fincas. Habla español e inglés.

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